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La persistencia del déficit fiscal

La persistencia del déficit fiscal

La persistencia del déficit fiscal

Publicado en diario El Economista el 10 de agosto de 2016.

 

por Martín Kalos (*)

Como presidente, Mauricio Macri tomó algunas definiciones de entrada: el Estado tenía demasiados empleados, realizaba gastos que debía hacer el sector privado y todo eso generaba un déficit que, al ser financiado con emisión monetaria, era la causa última de la inflación. El debate sobre la validez de estas conclusiones implicaría discutir la ideología que inspira a Macri. Pero, ¿pudo solucionar al menos los problemas que él mismo identificaba?

 

En primer lugar, varias de las medidas adoptadas en estos nueve meses de Gobierno han tendido a profundizar el déficit. Algunas, al reducir ingresos: la quita o reducción de retenciones a las exportaciones primarias que (incorporando la devaluación) implicaron la cesión de $ 130.000 millones (más del 2% del PIB estimado para este año) a las grandes empresas del sector. La suba del Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias implicó otros $ 49.077 millones de costo fiscal, según la propia AFIP. Ayudados por la recesión económica, el efecto sobre las finanzas públicas fue inmediato: en la primera mitad del año, los ingresos corrientes aumentaron apenas 16,6% interanual, muy por debajo de la tasa de inflación.

Los gastos tampoco lograron contenerse. Los 11.000 despidos en la Administración Pública nacional fueron contrarrestados por la mayor cantidad de cargos de funcionarios y asesores fuera de escalafón. El pago de remuneraciones creció 31% en el primer semestre, dando cuenta de que el único ahorro provino de que las paritarias para el sector público se acordaron por debajo de la inflación. Por su parte la intención de reducir los subsidios a los servicios públicos está aún a la espera de una resolución judicial que indique en qué cuantía y plazos podrá llevarse a cabo. En suma, los gastos corrientes se elevaron 18,8% interanual en la primera mitad del año, menos que la inflación pero más que los ingresos corrientes. Y, a futuro, la Ley de Reparación Histórica implicará gastos adicionales por 3,5% adicional del PIB.

El gasto que sí fue frenado fue el de capital: cayó 4,1% interanual en términos nominales. Pero precisamente esta inversión en infraestructura pública está comenzando a despertar, urgida por la necesidad política de revertir la recesión a través de un impulso a un sector intensivo en mano de obra como es la construcción.

En definitiva, el déficit financiero del sector público nacional aumentó 24,3%; en sólo seis meses, acumuló $ 133.222 millones, algo más de 2% del PIB. Es cierto: cayó en términos reales, frente a una inflación disparada, pero mucho menos que lo que el Gobierno pretendía y sin demasiadas perspectivas de que mejore de aquí a fin de año.

 

Más allá de cómo se presenten los números para mostrar una reducción del déficit en 2016, lo cierto es que la política fiscal no ha podido escapar a las tensiones políticas que enfrenta el Gobierno. Por ejemplo, bajar impuestos es también reducir los ingresos de las provincias, a las cuales se les sigue prometiendo un nuevo acuerdo federal mientras se las sigue presionando con sus urgencias financieras.

Además, achicar el gasto en áreas sensibles para el bolsillo de la población más vulnerable no sólo apuntala la conflictividad social sino que perjudica las perspectivas de ventas de las empresas, cementando la recesión y horadando así también la base imponible de una estructura impositiva predominantemente procíclica.

Quizás otras medidas puedan pasar soslayadas: es difícil notar en la vida cotidiana si hay más o menos oferta monetaria, aunque su efecto sea igual de potente en la macroeconomía. Así, pasa más desapercibida la política monetaria contractiva que implementa el BCRA, posible en parte gracias a que el déficit fiscal es financiado ahora no sólo con emisión sino también con un salto en el endeudamiento público.

Pero la política fiscal es mucho más palpable: son puestos de trabajo directos e indirectos, son aumentos de tarifas y boletos, y son jubilaciones y planes sociales que se pagan cada mes; son gastos “rígidos”, estructurales, difíciles de cortar. Quizás por esto, en el pasado los intentos de reducir un déficit fiscal generalmente tuvieron más éxito cuando trataron de administrar mayores ingresos derivados de una política económica expansiva, que cuando provocaron problemas de demanda al intentar bajar abruptamente el gasto público.

 

(*) Director de EPyCA Consultores. @martinkalos